El mes pasado, la provincia de Mendoza se convirtió en la primera región argentina en permitir la presencia de Uber como servicio de transporte. El Senado provincial votó a favor de la adopción de una nueva ley de transporte (Ley de Movilidad), que por primera vez otorga a las aplicaciones de transporte en Argentina el derecho de operar bajo regulaciones específicas.
Esas regulaciones requerirán que los conductores de Uber obtengan un permiso especial, que sea válido para particulares y no para compañías; cualquier conductor solo podrá obtener un permiso.
Las compañías de transporte tendrán que pagar una tarifa de suscripción, establecida anualmente por las autoridades fiscales de Mendoza (Ley Impositiva). Uber, que no tiene una base legal en la provincia, estará sujeta a un impuesto que totaliza el 1% del costo de cada viaje.
El gobierno de Mendoza, la quinta provincia más grande de Argentina, espera emitir regulaciones para que la ley entre en vigencia en el mes de agosto, lo que significa que Uber y otras aplicaciones de transporte podrían comenzar a operar en septiembre.
La nueva legislación ha generado mucha expectación entre los residentes de Mendoza, que ven la llegada de la aplicación como una oportunidad de empleo potencial, así como una nueva opción asequible para moverse.
Sin embargo, a pesar del entusiasmo de la población local, las nuevas regulaciones significan que convertirse en un conductor de Uber no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. El proceso ahora requiere que los solicitantes cumplan con una serie de requisitos, aunque sigue siendo menos rigurosos que el procedimiento para obtener una licencia de taxi normal.
En 2016, cuando Uber aterrizó en Buenos Aires, ganó 12.000 usuarios en solo 36 horas. Sin embargo, los taxistas se opusieron fuertemente a la compañía. Uber no tenía requisitos de seguridad para los pasajeros, ni los conductores estaban obligados a someterse a un entrenamiento profesional o pruebas físicas y psicológicas. La compañía también fue criticada por no pagar impuestos. En 2016, Uber fue juzgada como una violación de las normas locales de transporte y de trabajo por parte de un tribunal de Buenos Aires; se ordenó a la empresa desistir de las operaciones, y los proveedores de Internet se vieron obligados a bloquear la aplicación.
Sin embargo, Uber todavía está presente en la capital argentina. La compañía argumenta que la falta de regulaciones específicas sobre los servicios de transporte no significa que el servicio esté prohibido. Uber también afirma que obedece la legislación nacional y paga impuestos. Obtener la luz verde para operar en la provincia de Mendoza representa un paso positivo para Uber, pero en el resto del mundo, la compañía sigue siendo objeto de debates legales que, junto con numerosos escándalos, han empañado su imagen pública.
Recientemente, en España se han visto huelgas generalizadas de taxis en Barcelona, Madrid y otras ciudades importantes. Los taxistas se quejan de la competencia desleal de los servicios de transporte como Uber y Cabify, y están tratando de influir en las autoridades para adoptar una nueva ley que vería muchas menos licencias otorgadas a los conductores de Uber.
En Colombia, donde Uber ha operado sin regulación desde 2013, ha habido una serie de protestas contra la aplicación, especialmente en Bogotá en octubre de 2017, cuando varios cientos de taxis bloquearon las carreteras principales en toda la ciudad.
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